Crecer en Dubrovnik significa aprender desde muy temprano a vivir al ritmo, los aromas y la esencia del Adriático. Es la imagen de un baño despreocupado bajo el sol en la playa de Banje, donde yo misma pasé los días más felices de mi infancia, con vistas a la isla de Lokrum. Y es que, ¿existe un sonido más estival que el chillido estridente de los vencejos? Un sonido que los habitantes asociamos con la libertad y con la pertenencia a esa piedra que, como a ellos, también nos ofrece un hogar.
Tras ese escenario que habita en mi memoria se esconde el reverso de una de las industrias más complejas y de mayor crecimiento de nuestro tiempo. Cuando uno se quita el sombrero de turista y se pone el del ciudadano (y jurista), pronto descubre que la movilidad global ya no es solo una cuestión de ocio y vacaciones, sino un microcosmos donde convergen la soberanía, la ética, la libertad económica y el derecho internacional.
Durante décadas hemos aprendido a mirar el turismo a través de números: visitantes, ingresos y ocupación hotelera. La magnitud del fenómeno se refleja en las cifras: las llegadas internacionales de turistas pasaron de apenas 25 millones en 1950 a más de 1.500 millones en 2025. Si bien los beneficios económicos son evidentes, la realidad también revela profundas tensiones jurídicas, ambientales y sociales.
Muchos en mi país recordarán el célebre episodio de «El perro de un millón de dólares», el cómic Alan Ford (1970), que satiriza la mercantilización de los bienes comunes y la división de las playas entre ricos y pobres. Medio siglo después, aquella sátira italiana, que marcó a varias generaciones de lectores en esta parte de Europa, reactiva una pregunta más vigente que nunca: ¿Qué ocurre cuando los espacios comunes dejan de ser lugares de encuentro para convertirse exclusivamente en productos de consumo?
La respuesta trasciende las playas y sus concesiones. En Europa, la gentrificación contribuye a vaciar los centros históricos de sus habitantes y convierte ciudades vivas en simples escenografías. Además, esta preocupación se entrelaza con inquietudes más amplias sobre la pérdida del tejido social único de las ciudades y su identidad.
Más allá de la presión sobre los espacios urbanos, el turismo afecta de manera directa a las comunidades locales en todo el mundo. Sus efectos abarcan desde el deterioro ambiental hasta la explotación laboral y las vulneraciones de los derechos humanos. En su conjunto, estas tensiones superan las fronteras locales y nacionales.
Es precisamente en esa intersección donde el derecho empieza a responder a una realidad que ya no puede ignorar. Durante varias décadas, este sector ha sido regulado en el plano internacional mediante instrumentos no vinculantes, principalmente a través del Código Ético Mundial para el Turismo de ONU Turismo. La transición hacia la Convención Marco sobre la Ética del Turismo representa un paso decisivo hacia normas jurídicamente vinculantes.
El reducido número de ratificaciones de esta Convención pone de manifiesto la geopolítica de las formas jurídicas internacionales. Como señala Timothy Meyer, el actual contexto geopolítico ha reforzado la preferencia de las potencias emergentes por instrumentos flexibles de cooperación.
En cambio, los Estados pequeños y más vulnerables – en línea con la concepción tradicional del derecho internacional – siguen viendo en los tratados un escudo esencial frente a las asimetrías económicas del mercado global.
La transición hacia un turismo sostenible, responsable y ético – conceptos que no son sinónimos – no será posible sin una cooperación internacional y una responsabilidad compartida. En ella deben confluir los gobiernos, operadores, hoteleros, las comunidades locales y los propios turistas.
En el ámbito europeo, la propia jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya muestra una clara disposición a considerar las tensiones sociales vinculadas a la escasez de viviendas destinadas al arrendamiento como una «razón imperiosa de interés general».
En ese marco, la diplomacia y los Estados siguen desempeñando un papel esencial, aunque ya no exclusivo. El desafío fundamental radica en encontrar un equilibrio entre la libertad económica, la libertad de circulación y los derechos y el bienestar de las comunidades anfitrionas y sus culturas vivas.
Porque las ciudades son mucho más que destinos de postal; son lugares de identidad, memoria colectiva y pertenencia genuina.
Ante todo, son el hogar de alguien.
* la autora es abogada e integró la Sección Cooperación de la Delegación de la UE en la Argentina.
