Durante décadas, buena parte del debate argentino sobre soberanía económica giró alrededor de una pregunta aparentemente sencilla: quién es dueño del recurso. El petróleo, el gas, el litio, el cobre, la tecnología nuclear. Nacional o extranjero. Público o privado. Propio o cedido.
Esa discusión sigue siendo importante, pero ya no alcanza para explicar cómo funciona el poder económico contemporáneo. La propiedad puede permanecer formalmente en manos argentinas y, aun así, el control efectivo del negocio puede quedar afuera. Porque el poder ya no se define solamente en el título del activo. Se define en la arquitectura que lo rodea.
Quién financia el proyecto. Quién lo opera. Bajo qué regulación funciona. Qué empresa controla la comercialización. Quién tiene acceso a los mercados. En qué jurisdicción se resuelven las controversias. Quién dispone de la tecnología crítica. Quién puede esperar y quién necesita vender. El enclave del siglo XXI no requiere comprar el territorio ni apropiarse legalmente del recurso. Alcanza con estructurar el negocio de manera tal que la renta, el conocimiento y la decisión se acumulen fuera del país productor.
La coyuntura internacional muestra que las grandes potencias ya entendieron este cambio. Estados Unidos, el país que durante décadas presentó al mercado como el organizador natural de la economía, comenzó a tomar participaciones directas en empresas consideradas estratégicas. Intel, MP Materials, Lithium Americas, Trilogy Metals y US Steel forman parte de una política de intervención selectiva sobre los nodos que definirán el poder de la próxima década.
No se trata de una estatización general de la economía. Es algo más preciso. Washington interviene allí donde percibe que el mercado puede dejar al país expuesto: semiconductores, tierras raras, litio, acero, inteligencia artificial. El mensaje es claro. Las actividades estratégicas no se abandonan a la lógica espontánea del capital. Se organizan desde el Estado cuando están en juego la seguridad nacional, el liderazgo tecnológico y la capacidad industrial.
Al mismo tiempo, el dólar atraviesa una transformación contradictoria. Las stablecoins amplían su uso como infraestructura global. USDT y USDC ya concentran alrededor de 149.000 millones de dólares en títulos del Tesoro estadounidense. Cada nuevo pago digital denominado en dólares refuerza el papel de la moneda norteamericana como riel del sistema.
Pero los bancos centrales están tomando otra decisión para sus reservas. El oro alcanzó el 27% de las reservas oficiales globales y superó a los Treasuries, ubicados en el 22%. China aceleró sus compras incluso mientras el precio corregía desde sus máximos.
El dólar se fortalece como mecanismo de circulación y se debilita como reserva soberana de confianza. Sirve para transaccionar, pero cada vez más Estados dudan de conservar allí su patrimonio estratégico.
Ese divorcio entre uso y confianza ayuda a entender el mundo que viene. No asistimos al reemplazo ordenado de una potencia por otra. Estamos frente a una transición policéntrica, donde distintos actores controlan partes diferentes de la arquitectura. En ese contexto, Argentina aparece con recursos abundantes y una capacidad limitada para organizar los sistemas que capturan su valor.
La reactivación del Tratado de Integración y Complementación Minera con Chile es un ejemplo concreto. La cartera binacional supera los 20.700 millones de dólares. Habrá ventanillas comunes, protocolos integrados, tránsito de equipos y trabajadores y coordinación por distritos completos.
Sobre el papel, parece una integración equilibrada. En la práctica, ambos países llegan con capacidades muy diferentes. Chile cuenta con tres décadas de desarrollo de proveedores mineros, acceso al crédito y una cámara sectorial que factura más de 13.500 millones de dólares anuales. El crédito al sector privado chileno equivale aproximadamente al 114% de su PBI.
En Argentina ronda el 13,2%. La pyme argentina no pierde las licitaciones porque desconozca la actividad minera. Pierde porque compite descapitalizada contra empresas respaldadas por un sistema financiero mucho más profundo.
La brecha no se resuelve acelerando permisos ni digitalizando trámites. La cordillera se decide en las tasas.
El problema se vuelve todavía más visible cuando se mira la infraestructura. Perú inauguró Chancay y, mientras el resto de la región discutía corredores futuros, empezó a operar una conexión directa con Shanghái. En su primer año movió 500.000 contenedores, 2,4 millones de toneladas y 3.600 millones de dólares en comercio.
La infraestructura ya existe. La ruta ya funciona. El ferrocarril hacia la sierra central ya fue adjudicado. Argentina, en cambio, aparece como posible proveedora de varios modelos logísticos sin liderar ninguno.
Puede enviar gas hacia Chile, cobre hacia puertos del Pacífico o minerales hacia Chancay. Puede integrarse a distintas cadenas. Pero integrarse no significa controlar la integración. La misma contradicción aparece en el sector nuclear.
El caso del ACR-300 muestra cómo una capacidad construida durante décadas puede conservar formalmente parte de su identidad nacional y perder el control sobre su explotación comercial.
La patente puede continuar vinculada a INVAP. La ingeniería puede haber sido desarrollada en Argentina. El conocimiento puede haber sido financiado durante años por el Estado.
Pero si la sociedad comercial, la regulación, el acceso al mercado y el vehículo financiero se organizan desde el extranjero, el centro de decisión se desplaza.
El título queda. El control se muda. El contraste con Argentina LNG resulta instructivo.
YPF firmó acuerdos con Eni y XRG, el brazo internacional de ADNOC, para desarrollar un proyecto de escala mundial. YPF conserva el 36% y la posición de operador. Eni y XRG tienen el 32% cada una.
El capital internacional sigue siendo determinante. La tecnología de licuefacción, el acceso a ciertos mercados y parte de la comercialización permanecen en manos externas. Pero Argentina se sienta en otra posición porque existe un actor nacional con escala de balance, conocimiento del recurso y capacidad operativa.
No es soberanía plena. Es captura parcial. Y, en el mundo real, esa diferencia importa.
La comparación entre el reactor y el gas permite salir de dos simplificaciones frecuentes. La primera sostiene que toda inversión extranjera implica cesión. La segunda afirma que la llegada de capital, por sí sola, genera desarrollo.
Ninguna de las dos es suficiente. La variable decisiva es la arquitectura de la asociación.
Cuando el país cuenta con un campeón nacional, puede negociar participación, operación, flexibilidad contractual y aprendizaje. Cuando ese actor no existe, fue debilitado o carece de financiamiento, el capital externo organiza la cadena según sus necesidades.
Ahí aparece el Súper RIGI. El proyecto ofrece fuertes beneficios fiscales y cambiarios, pero elimina la obligación del 20% de compra nacional que contemplaba el régimen original.
Ese punto no es marginal. Es el mecanismo que define si la inversión deja capacidad productiva o se limita a instalar activos. Con el crédito argentino en niveles mínimos, sin obligaciones de compra local y con competidores internacionales financiados a tasas globales, la posibilidad de que un proveedor argentino gane escala se vuelve remota.
El régimen puede atraer capital. Lo que no garantiza es que ese capital construya un nuevo YPF, una nueva INVAP o una red de proveedores capaces de competir internacionalmente.
El debate no es inversión sí o inversión no. La discusión real es qué clase de economía queda cuando la inversión termina de instalarse.
Argentina dispone de lo que el mundo busca: gas lejos de las zonas de conflicto, cobre, litio, capacidad nuclear, territorio y conocimiento técnico.
La ventana existe. Pero una ventana de oportunidad no constituye una estrategia.
La estrategia empieza cuando el país define qué quiere conservar de cada proyecto: participación, capacidad tecnológica, proveedores, infraestructura, acceso a mercados o control comercial. La renta no se pierde solamente cuando otro compra el recurso.
También se pierde cuando otro diseña el contrato, aporta el financiamiento, impone el estándar, controla la salida y decide el destino final. Por eso, en esta década, leer los contratos importa tanto como leer la geología. El poder no está únicamente debajo de la tierra. Está en la arquitectura que decide quién captura lo que sale de ella.
*Se formó en gestión pública con un posgrado en la Universidad de Alcalá (España) — tesis sobre la nueva gestión pública aplicada a la seguridad interior — y formación previa en ESEADE
