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domingo 24 de septiembre de 2017

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Instituciones, instituciones, instituciones

“Faltan instituciones”. “Gravedad institucional”. “Hay un déficit institucional”. Desde hace décadas, el discurso público en Argentina está dominado por la denuncia social de problemas “institucionales”. Y sí, es cierto que el Estado y la sociedad tienen un serio problema con las instituciones que han tomado para gobernarse.

Las instituciones son las reglas de juego que regulan la conducta de los individuos en sociedad; son mecanismos que restringen y estimulan ciertos comportamientos sociales. No son buenas ni malas per se, sino que responden a las relaciones de fuerza y preferencias de quienes las crearon inicialmente. Sus efectos dependen de su diseño, estabilidad y cumplimiento.

En la academia y entre los formadores de opinión, hay cierto consenso de que las buenas instituciones son fundamentales para el desarrollo. Desarrollarse para una sociedad implica crecimiento económico sostenido, pero también aumento de la equidad. Por ello, deberíamos pensar el desarrollo como un proceso de capitalización institucional basado en la elección de “buenas” instituciones económicas (derechos de propiedad, sistema tributario) y políticas (sistema electoral, rendición de cuentas de los funcionarios).

¿Qué instituciones, entonces, favorecen que surjan y se sostengan políticas públicas “buenas”? Estas serían las instituciones “inclusivas”, características de una sociedad abierta en la que el gobierno es agente de los ciudadanos y éstos gozan de amplias oportunidades e incentivos adecuados para su progreso material. Son instituciones que fijan horizontes temporales de largo plazo, definen con claridad los roles y las reglas de interacción de los actores, y evitan la imposición del más fuerte, exactamente lo opuesto a las instituciones “extractivas”, diseñadas principalmente para el beneficio de una élite dominante.

En democracia, los acuerdos intertemporales de las sociedades prósperas son el mecanismo mediante el cual se evita el abuso del poder. Estos acuerdos se alcanzan y se refuerzan cuando el Congreso tiene los recursos para ejercer su rol de control y de formación de políticas públicas; cuando el Poder Judicial es independiente y tiene capacidad de enforcement; cuando las reglas electorales no cambian continuamente y evitan los sesgos que distorsionan la representación; cuando la burocracia estatal es profesional y está bien remunerada; y cuando el sistema de partidos es estable, evita tensiones centrífugas y la competencia es programática, en vez de clientelar.

Sin embargo, en el caso de Argentina, el entramado institucional no contribuye a proveer bienes públicos de calidad. La toma de decisiones por parte de políticos, empresarios y sindicalistas cayó hace tiempo en el populismo cortoplacista. La incapacidad de encauzar las demandas de equidad con el diseño de políticas intertemporalmente sostenibles llevó a la sociedad argentina a la anomia, descreída de su clase dirigente. Ser argentino hoy es saber esquivar, puentear, las normas. La supervivencia económica, política y hasta en un consorcio de vecinos, se basa en no seguir las reglas de juego vigentes.

El país sufre de una falta de inversión en la mayoría de los sectores económicos y en la provisión de bienes públicos esenciales, como educación e infraestructura, porque no hay enforcement ni estabilidad de las reglas de juego. Por un lado, el propio Estado no cumple los contratos con los privados, cuando congela tarifas de servicios públicos o fija precios discrecionalmente. Pero por otro, las empresas y los individuos no honran los contratos porque encuentran escapes, atajos, sin pagar altos costos. Así, no es posible el desarrollo sostenible si, por ejemplo, no hay mercados fluidos y un sistema hipotecario para el largo plazo. Pero no hay mercados si no hay defensa del consumidor con sanciones ejemplares. Es conocida la pobreza con la que opera el Poder Judicial, cuando sus tribunales se ven influenciados por los poderosos de turno, o no cuentan con el enforcement que asegure el cumplimiento de sus fallos, lo que dificulta la sanción de las conductas que obstaculizan el desarrollo.

En coyunturas críticas como la actual, con una sociedad acongojada y movilizada por la denuncia y muerte de un fiscal en medio de una campaña presidencial, hay que evitar las reacciones populistas que solo piensan en el corto plazo. Políticos, periodistas, dirigentes sociales, docentes y cada persona con influencia social deben proceder con mayor prudencia y profesionalismo para instalar en el debate público remedios posibles para adoptar y respetar las tan necesarias instituciones inclusivas.

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